Chilpancingo de los Bravo, 10 de marzo de 2026.-La diputada Araceli Ocampo Manzanares presentó ante el Pleno del Congreso del Estado de Guerrero el dictamen sobre la ampliación del programa Bienpesca. Desde la tribuna, subrayó que no se trataba únicamente de un documento técnico, sino de un acto de justicia elemental hacia quienes han sido, por décadas, los guardianes invisibles de las costas y lagunas del estado.
La legisladora explicó su propuesta que dictaminó la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, pues constituye una respuesta institucional a una deuda histórica con las familias de la Costa Chica, la Costa Grande y Acapulco. Señaló que incrementar el apoyo a los pescadores de pequeña y mediana escala no es solo una cifra en un presupuesto, sino la estabilidad en la mesa de miles de hogares.
Ocampo Manzanares recordó que la pesca artesanal es el sustento directo de comunidades que enfrentan altos niveles de marginación y un acceso limitado a servicios básicos. Por ello, insistió en que el Estado tiene obligaciones constitucionales y convencionales que no puede eludir.
La diputada citó el Artículo 27 de la Constitución Federal, que establece la rectoría del Estado sobre los recursos naturales y el fomento de las actividades productivas. Explicó que esta facultad debe leerse también a la luz de los derechos humanos, para fortalecer la protección de la dignidad de las personas.
Asimismo, mencionó el Artículo 4 de la Constitución, que obliga al Estado mexicano a garantizar el acceso a una alimentación nutritiva y suficiente. Señaló que fortalecer la capacidad productiva de los pescadores es la vía más directa para asegurar la disponibilidad de alimentos en la región.
La legisladora enfatizó que para muchas comunidades la pesca es parte intrínseca de su herencia e identidad. Proteger esta actividad significa proteger su derecho a la cultura y a la cohesión social. También advirtió que la alta informalidad laboral y los bajos salarios en el sector pesquero de Guerrero exigen una intervención estatal que garantice condiciones de vida dignas.
Ocampo Manzanares explicó que al mejorar el ingreso de los pescadores se dinamizan las cadenas de valor locales, desde el procesamiento hasta el comercio en los mercados regionales. Esto, a su vez, permite a las familias invertir en mejor equipamiento y artes de pesca selectivas, reduciendo la precariedad de sus ingresos.
La diputada fue clara al señalar que el dictamen es responsable porque reconoce los límites de las facultades frente al presupuesto federal. Aclaró que no se pretende invadir esferas ajenas, sino asumir la responsabilidad soberana del Congreso. Sin embargo, también fue autocrítica: “Este dictamen es un avance significativo, pero no es suficiente”.
Advirtió que ampliar el padrón es necesario, pero mantener los montos actuales frente a la inflación y el costo de la vida es condenar al programa al asistencialismo ineficaz. “No basta con llegar a más manos; es imperativo que lo que llegue a esas manos sea digno”, expresó.
Mediante el dictamen de acuerdo parlamentario, la diputada exhortó a la SAGADEGRO y a la Secretaría de Finanzas para que, bajo los principios de legalidad y equilibrio financiero, se dé vida a un “Bienpesca Estatal”. Explicó que este programa, financiado con recursos propios del estado bajo el Capítulo 4000, permitiría ampliar los montos a los beneficiarios y garantizar que nadie quede atrás.
Tras su participación, el exhorto fue sometido a votación en el Pleno y aprobado por mayoría, lo que representa un paso firme hacia la justicia social en las comunidades pesqueras de Guerrero.
Con ello, el Congreso del Estado de Guerrero refrendó su compromiso de legislar con perspectiva social y de atender las necesidades de los sectores más vulnerables, en este caso, las familias que dependen de la pesca artesanal.
Tras su participación, el exhorto fue sometido a votación en el Pleno y aprobado por mayoría, lo que representa un paso firme hacia la justicia social en las comunidades pesqueras de Guerrero.
Con ello, el Congreso del Estado de Guerrero refrendó su compromiso de legislar con perspectiva social y de atender las necesidades de los sectores más vulnerables, en este caso, las familias que dependen de la pesca artesanal.